3. ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA EL CONTROL AMBIENTAL
a) Monitoreo y Evaluación Ambiental:
Se constituye en una herramienta central en el proceso de generación de información relevante sobre el estado del aire, el agua y el suelo, que permite evaluar la calidad del ambiente.
Conocer la calidad de los mismos determinará en gran medida los cursos de acción en el control y prevención de la contaminación a ser seguidos e implementados por la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Debido a ello, formalizar y consolidar una completa red de monitoreo es condición urgente y necesaria.
Monitoreo del agua: El agua es el recurso vital por excelencia para la vida y el desarrollo de la sociedad. La Argentina cuenta con una alta disponibilidad de recursos hídricos en el país, pero su distribución espacial y temporal es muy desigual en el territorio dado fundamentalmente por sus distintas regiones climáticas. La contaminación de los recursos hídricos es una de las tantas presiones que reciben los recursos hídricos y que reduce su disponibilidad ya sea para consumo humano, para consumo animal, para riego, o bien, para el mantenimiento del equilibrio ecológico del sistema acuático. Conocer el estado general de los cuerpos de agua del país, así como las posibles fuentes de contaminación es una actividad fundamental para la toma de decisiones y para la implementación de políticas tendientes a minimizar la contaminación del ambiente.
Monitoreo del aire: La calidad del aire es, entre otras, una medida indirecta del estado de salud de la población. El aire es uno de los vehículos más apropiados para el ingreso de contaminantes al organismo, por vía respiratoria. En este sentido es de particular importancia contar con datos precisos y de actualización continua, los que permiten establecer las acciones inmediatas, de corto, mediano y largo plazo, como también definir los umbrales de alerta.
Cerca de la mitad de la población urbana que está siendo monitoreada está expuesta a contaminación atmosférica que es al menos 2,5 veces más alta que los niveles recomendados por la OMS, lo cual supone un riesgo adicional y a largo plazo para su salud.
En América, hay datos disponibles sobre la calidad del aire sólo para 17 de los 35 países de la región, con 623 ciudades de la región representadas en la base de datos de la OMS. Los datos sobre esas ciudades sugieren que cerca del 95% de las personas que viven en países de ingresos bajos o medianos en América están expuestas a contaminación atmosférica que excede los niveles recomendados por la OMS mientras que, en el caso de los países de ingresos altos, un 60% de la población estaría expuesta a una situación similar.
Pese a que hay más vigilancia de la calidad del aire, muchas ciudades en los países de bajos y medianos ingresos aún carecen de la capacidad para hacerlo generando una escasez de datos.
En el país, la primera instancia de regulación de la calidad del recurso aire fue la Ley Nacional Nº 20.284, sancionada en el año 1973, que estableció estándares de calidad de aire para los seis contaminantes primarios o de criterio (CO, NOx, SO2, O3, material particulado en suspensión y sedimentable) como así también los métodos de muestreo y análisis.
Monitoreo del suelo: El suelo es el recurso natural que sustenta la vida en el planeta. Es el sostén de la vegetación, almacena nutrientes y otros elementos necesarios para el desarrollo de la flora y fauna, regula la distribución del agua de lluvia, actúa como un filtro que protege la calidad del agua, es el soporte esencial para la agricultura, entre otras tantas cosas. Posee propiedades biológicas, químicas y físicas, que son dinámicas y cambian en función de los usos del suelo.
Las principales fuentes de contaminación del suelo están dadas por sustancias peligrosas derivadas de la actividad industrial, minería a cielo abierto, prácticas agrícolas no sostenibles tales como el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes, crecimiento urbano sin planificación y deforestación. Esto provoca consecuencias como el deterioro de la calidad del suelo, la falta de crecimiento y disminución de los rendimientos de los cultivos, la pérdida de hábitat, la contaminación de aguas tanto subterráneas como superficiales, la erosión del suelo y la desertificación.
En Argentina, la Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051 y la Ley Nacional 22.428 de Fomento a la Conservación de Suelos son la base legal de referencia para la regulación de la conservación de suelos. La ley 24051 y sus complementarias ofrecen una aproximación al tema central de la contaminación del suelo, aludiendo en forma genérica a residuos que puedan causar “daño, directa o indirectamente a seres vivos o que puedan contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
También, existe un cuerpo regulatorio sectorial orientado hacia actividades productivas o extractivas. Por ejemplo, lo referente a las actividades hidrocarburíferas, cuyos aspectos ambientales están contenidos en una serie de Resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación que comprenden entre otros temas la identificación, diagnóstico y tratamiento de suelos afectados por hidrocarburos y sus derivados, y, por otra parte, la regulación de la cuestión ambiental en materia de explotaciones mineras que incluye el Código de Minería.
Por su parte, el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación promueve la ejecución del Programa Nacional para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados, que tiene alcance nacional y es producto del trabajo conjunto de la Autoridad Ambiental Nacional y todas las jurisdicciones provinciales. Entre sus objetivos, a largo plazo prevé el desarrollo de un Sistema de Vigilancia Ambiental de Sitios Potencialmente Contaminados, el que operará como una herramienta de prevención y monitoreo permanente de los recursos suelo, agua y aire en áreas vulnerables por procesos de contaminación pasada o actual.
b) Educación y Concientización:
La educación ambiental es uno de los instrumentos de política y gestión ambiental establecidos por la Ley General de Ambiente; a fin de materializar la utilidad de este instrumento, en junio de 2021 se sancionó la Ley 27.621 para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina, la misma representa “las bases para generar conciencia ambiental en toda la ciudadanía”.
La provincia de Corrientes acertadamente había sancionado dos años antes su propia Ley de educación ambiental, la Ley N º 6514 en septiembre del año dos mil diecinueve. En su artículo 5 establece que “La Educación Ambiental se implementará como dimensión específica del sistema educativo, desde un lineamiento curricular transversal a todas las disciplinas, teniendo como función la construcción de valores, conocimientos y relaciones que favorezcan a la naturaleza y sus recursos. Lo harán a través de una perspectiva interdisciplinaria, para posibilitar el logro de la transdisciplinariedad, relacionando el ambiente natural, social, económico y cultural.”
Campañas de educación ambiental para fomentar la responsabilidad individual y colectiva, las cuales tienen como objetivo concientizar a la ciudadanía del impacto que tienen sus actividades diarias en el ambiente y en este sentido, promover acciones y acercar diferentes tecnologías ecológicas que impulsen el cuidado y ahorro del agua, el adecuado manejo de los residuos sólidos y el eficiente consumo de energía, donde organizaciones de carácter social, empresas, instituciones públicas e individuos dan a conocer los trabajos que realizan en estos temas.
Mediante los programas escolares que incorporan la educación ambiental en el currículo, se busca promover una política educativa que acompañe a las escuelas en la formación de una ciudadanía democrática comprometida con el cuidado del ambiente, así como contribuir a la construcción de instituciones educativas garantes y promotoras del derecho a un ambiente sano y diverso.
c) Incentivos Económicos:
Existe consenso a nivel mundial en la necesidad de una adecuada regulación en el uso eficiente de los recursos naturales. Como consecuencia de ello se han realizado esfuerzos globales en la búsqueda de medidas y lineamientos concretos que garanticen la protección y conservación del ambiente. A nuestro juicio los estímulos fiscales constituyen una valiosa herramienta para satisfacer dicha necesidad. Los incentivos fiscales ambientales pretenden mejorar la utilización racional de los recursos naturales, así como prevenir, corregir o mitigar el daño ambiental.
Subsidios y créditos para proyectos de energías renovables y tecnologías limpias. Los instrumentos financieros son fundamentales para remover barreras y fomentar inversiones que contribuyan a un uso más eficiente de la energía, disminuir el uso de combustibles fósiles y mitigar el cambio climático. El BID ha venido desarrollando e implementando instrumentos innovadores tales como préstamos concesionales, bonos verdes, seguros de ahorro de energía, donaciones contingentes, facilidades de innovación tecnológica, contratos de desempeño y esquemas de validación de proyectos. Los esfuerzos han estado enfocados en promover la inversión privada, el fortalecimiento institucional y facilitar desarrollos regulatorios en los frentes de eficiencia energética, energía renovable, transporte sostenible y almacenamiento de energía.
d) Innovación y Tecnología:
El fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico sostenible es clave para abordar los desafíos ambientales actuales y futuros. En este tema, se busca promover la innovación tecnológica que permita el uso más eficiente de los recursos naturales y la reducción de la huella ecológica. Algunos aspectos relevantes a considerar son:
La importancia de la colaboración entre el sector público y privado para promover la investigación y el desarrollo tecnológico sostenible. La necesidad de desarrollar tecnologías que permitan la transición a una economía circular y la reducción de residuos y emisiones contaminantes.
La promoción de tecnologías limpias y energías renovables para reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.
La investigación en tecnologías para la recuperación y reciclaje de materiales y residuos. Desarrollo de tecnologías sostenibles para la agricultura y la producción de alimentos. Investigación en tecnologías para la gestión sostenible del agua y los recursos hídricos. Fomento de la investigación en tecnologías para la movilidad sostenible, como vehículos eléctricos y transporte público eficiente. Investigación en tecnologías para la conservación y restauración de ecosistemas y la biodiversidad. Desarrollo de tecnologías para la medición y monitoreo del impacto ambiental de las actividades humanas.