Ñemboja digital Módulo 2 - Semana 13
Sitio: | Campus Virtual |
Curso: | Secundaria a Distancia - Aula 5 |
Libro: | Ñemboja digital Módulo 2 - Semana 13 |
Imprimido por: | Invitado |
Día: | domingo, 22 de diciembre de 2024, 09:02 |
1. DESIGUALDAD DE GÉNERO
2. ROLES Y ESTEREOTIPOS
En la sociedad se suelen depositar expectativas distintas en los varones y en las mujeres. Algunas conductas serían esperables solo de varones y otras serían exclusividad de las mujeres. Estas expectativas pasan a formar parte de los estereotipos de género, que asignan de manera diferente, para mujeres y varones, tareas y roles, valoraciones, cuidados del cuerpo, formas de afectividad y vínculos.
En nuestra sociedad estos estereotipos no solo implican diferencias de género sino también relaciones de desigualdad entre varones y mujeres, que generalmente se naturalizan, es decir, se perciben como atributos normales e incuestionables. Un ejemplo de estos es el inicio sexual, que suele ser en la adolescencia un suceso de la afirmación de la identidad particularmente para los varones. Para las mujeres las presiones se ejercen de otro modo, muchas veces como una forma de coerción, por actos de violencia, para que el acto sexual se concrete.
A menudo, estos estereotipos limitan las oportunidades, comportamientos y expresiones de las personas. Aquí hay algunos ejemplos de estereotipos de género:
Es importante destacar que estos estereotipos y roles son construcciones sociales y culturales, y pueden variar según el contexto y la época. Además, pueden ser perjudiciales y limitantes para las personas, ya que no se ajustan a la diversidad de identidades y experiencias humanas.
3. EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER
Existen barreras que impiden que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos humanos. Estas condiciones son:
a) la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la feminización de la pobreza;
b) los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura del privilegio;
c) la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y
d) la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público, excluyendo a las mujeres de la toma de decisiones (CEPAL, 2017).
La garantía de los derechos humanos de las mujeres está estrechamente ligada con el logro de la autonomía de las mujeres en sus tres dimensiones:
1) FÍSICA: la capacidad para decidir libremente acerca de su propio cuerpo, su sexualidad y reproducción, así como ejercer su derecho a vivir una vida libre de violencia;
2) ECONÓMICA: la posibilidad de acceder y controlar activos y recursos propios, y
3) en la TOMA DE DECISIONES: la plena participación en las decisiones que afectan su vida, la de sus familias, sus comunidades y la sociedad en su conjunto.
4. LA AUTONOMÍA ECONÓMICA
En la Argentina el 18% de las mujeres no cuenta con ningún tipo de ingreso, laboral o no laboral,
mientras que para los hombres este porcentaje es de solo 10%33. La evolución de este indicador marca una mejora importante en las últimas dos décadas. En 2003, el porcentaje de mujeres sin acceso a algún tipo de ingreso llegaba al 40%, mientras que en el caso de los hombres era del 16%. La mejora se debe a la percepción de transferencias monetarias, que no existían a comienzos de siglo, así como a la mejora en la participación de las mujeres en el empleo. No obstante, las brechas entre mujeres y hombres siguen siendo muy importantes. Varían, además, entre los distintos territorios. Entre los factores que inciden en que las mujeres alcancen o no la mencionada autonomía económica se encuentran:
4.1. Educación de las mujeres
La desigualdad en la educación de las mujeres es un problema persistente en muchas partes del mundo. Aunque se han logrado avances significativos en la educación de las niñas y las mujeres en las últimas décadas, todavía existen brechas de género en el acceso, la calidad y los resultados educativos.
La educación juega un rol central en la generación de capacidades y contribuye al pleno ejercicio de los derechos de las personas. Se trata, además, de la institución que debe garantizar el derecho de las niñas y niños a recibir contenidos de educación sexual de manera integral. Sin embargo, la educación está permeada por una cultura que, con más o menos arraigo en estructuras patriarcales, genera y reproduce estereotipos de género que dan forma a trayectorias educativas diferentes para niñas y niños.
En la Argentina el acceso a la educación es casi universal en el nivel inicial —salas de 4 y 5 años— primario. El acceso a la educación presenta, a su vez, menos disparidades entre provincias que otros indicadores de las condiciones de vida. En el nivel secundario comienza a evidenciarse menores niveles de escolaridad a partir de los 15 años, con mayores tasas de abandono entre los hombres y con mejores tasas de terminalidad educativa entre las mujeres de todos los grupos etarios considerados. Sin embargo, estos resultados están supeditados al contexto socioeconómico, el lugar de residencia —según si es urbano o rural y en qué jurisdicción— y su procedencia (indígena, migrante), aspectos que potencian o dificultan las condiciones de aprendizaje de las y los estudiantes (Ministerio de Educación de la Nación, 2020).
Hay factores que contribuyen a esta desigualdad. En algunos países, las niñas y las mujeres enfrentan barreras para acceder a la educación debido a factores como la ubicación geográfica, la pobreza, la falta de infraestructura educativa y las normas socioculturales. Por otro lado, la calidad de la educación también puede variar ya que las mujeres pueden enfrentar un entorno educativo menos favorable, con menos recursos y oportunidades para desarrollar habilidades y conocimientos
Con respecto a los Estereotipos de género pueden influir en la elección de carreras y oportunidades educativas para las mujeres, limitando su acceso a campos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, quedando mayormente destinadas a las mujeres las carreras vinculadas a las acciones de cuidado.
Las mujeres pueden enfrentar brechas de género en los resultados educativos, como tasas de graduación, calificaciones y logros académicos, y esto está vinculado también con los roles de cuidado que recaen sobre las mujeres.
Por último, podemos concluir que las normas socioculturales y las expectativas de género pueden influir en la educación de las mujeres, limitando sus oportunidades y aspiraciones.
4.2. Las responsabilidades de cuidado
Las responsabilidades de cuidado también inciden en las trayectorias educativas de alumnos y
alumnas. El 56% de los hombres y el 67% de las mujeres ocupan más de 2 horas del día en el cuidado de hermanas y hermanos, familiares y en tareas del hogar. En promedio, las alumnas dedican más de 3,1 horas diarias a estas tareas, mientras que los alumnos lo hacen solo 2,5 horas. La evidencia sugiere que, tempranamente, se vivencia la tradicional división del trabajo en las tareas de cuidado dentro de los hogares, las que después se ven reforzadas a lo largo del ciclo de vida.
El acceso y la permanencia en el nivel secundario resultan una condición necesaria —mas no suficiente— para la adquisición de habilidades críticas para la vida y el mercado laboral, y contribuyen significativamente al desarrollo de la autonomía económica, física y política de niñas y adolescentes. La evidencia disponible muestra cómo los mayores niveles de educación se encuentran estrechamente relacionados con la postergación de las uniones tempranas, el nacimiento del primer hijo/a y el alcance de mejores niveles de inserción laboral futura (CEPALy UNICEF, 2016).
Las responsabilidades de cuidado en la sociedad recaen mayoritariamente en los hogares, y son asumidas principalmente por las mujeres, ya sea a través del trabajo remunerado o del trabajo no remunerado realizado en el hogar. El tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado constituye casi la mitad del tiempo total de trabajo que realizan las mujeres. Esas tareas resultan fundamentales para la reproducción social, ya que todas las personas en todos los momentos del ciclo vital necesitan algún tipo de cuidado. Sin los cuidados, el resto de las actividades sociales —sean productivas, recreativas, artísticas o científicas— no podrían funcionar (ONU Mujeres y CEPAL, 2021).
El esquema patriarcal, donde solo los hombres realizan el trabajo productivo (remunerado) y las mujeres el reproductivo (no remunerado), ha comenzado a cambiar. Pero esos cambios se han dado mayoritariamente por la entrada de las mujeres al mercado laboral y en mucho menor medida por la disponibilidad de los hombres a realizar las tareas del hogar. Es decir, los avances en la autonomía económica de las mujeres no han sido acompañados por una mayor corresponsabilidad por parte de los hombres, y tienen su contracara en las sobrecargas de trabajo asumidas por las mujeres, que redundan en las mencionadas dobles jornadas de trabajo —de trabajo remunerado y no remunerado—(CEPAL, 2022c). A pesar de la centralidad que las actividades de cuidado y su gestión tienen para sostener el bienestar de la sociedad, en tanto son las que permiten la reproducción social, es un trabajo que ha sido invisibilizado en la discusión política y social por largos años.
La sobrecarga de trabajo de las mujeres, sumado a una combinación de factores demográficos, socioambientales y políticos, ha devenido en una latente crisis de los cuidados. Ésta hace referencia a la imposibilidad de que amplios sectores de la población reciba los cuidados que requiere para llevar una vida digna (Cepal, 2022e).
La sobrerrepresentación de las mujeres en el sector del cuidado es el reflejo, a nivel del mercado laboral, del papel que se les suele asignar como cuidadoras, estereotipo basado en suposiciones sociales sobre la existencia de ciertas habilidades innatas para este tipo de labores. Es el caso, por ejemplo, de ciertas ramas de la educación, como la enseñanza de las y los niños más pequeños, que se considera una extensión del rol materno tradicional de las mujeres (OIT, 2016). Los hogares emplean en promedio al 15% de las mujeres en tareas de servicio doméstico, actividad que se caracteriza por presentar los ingresos más bajos de la economía, las mayores tasas de informalidad y de pobreza (CEPAL y OIT, 2022). Las mujeres en este sector se dedican generalmente al trabajo doméstico y de cuidados remunerados de personas que requieren asistencia.
En la Argentina, la organización social del cuidado se caracteriza por su familiarización y feminización. Las familias proveen la mayor parte del cuidado, sobre todo en la primera infancia. El
cuidado no remunerado (no mercantil) que se desarrolla en los hogares es la principal fuente de cuidado infantil.
4.3. La inserción en el mercado laboral y Trabajo - brecha salarial
La inserción en el mercado laboral
En el mercado laboral se cristalizan las diferentes desigualdades de género. La pobreza de tiempo
derivada de la injusta distribución sexual del cuidado, los estereotipos de género que se originan y
reproducen en el sistema educativo, los sesgos de género de la demanda de empleo y el perfil sectorial de especialización productiva de cada territorio constituyen, en su interacción, los principales obstáculos para el acceso al mercado laboral remunerado que enfrentan las mujeres (Díaz Langou y otras/os, 2019).
Trabajo y brecha salarial
Una de las causas principales de esta desigualdad es el mayor tiempo que las mujeres dedican a tareas domésticas y de cuidado no remunerado, dejándoles menos tiempo para el trabajo remunerado. Esto afecta a la capacidad de las mujeres de insertarse adecuadamente en el mercado laboral, y ocasiona una mayor inserción en trabajos con jornadas parciales o en empleos informales, lo que a su vez se traduce en menores ingresos y carencia de prestaciones laborales.
Las mujeres insertas en el mercado laboral se enfrentan a una brecha salarial con respecto a los hombres, en la que ellas tienen menores salarios aun cuando realicen trabajos de igual valor con responsabilidades y condiciones laborales similares. Además de emplear a un elevado porcentaje de las mujeres del país, el sector de la salud y la asistencia social es uno de los que presentan mayores diferencias de remuneraciones entre hombres y mujeres, lo que da cuenta de una considerable segregación por género.
No es únicamente en los salarios en donde se observan desigualdades entre mujeres y hombres. Por ejemplo, una de las ocupaciones que representa las condiciones de mayor precariedad laboral de las mujeres es el trabajo doméstico remunerado. El trabajo doméstico remunerado en la región ha sido tradicionalmente una importante fuente de ocupación para las mujeres, en particular para quienes provienen de hogares pobres, son indígenas y/o afrodescendientes, con una inserción cada vez mayor de mujeres migrantes.
El trabajo doméstico se caracteriza por ser generalmente informal, con bajos ingresos (equivalentes en 2017 al 62% de lo que ganan otras mujeres en otro tipo de trabajo), y mayoritariamente sin protección social.
Una de las consecuencias de la mayor precariedad de los trabajos de las mujeres es la falta de acceso a la protección social que se evidencia en la menor proporción de mujeres que, al llegar a ser adultas mayores, perciben pensiones o tienen acceso a sistemas de salud con respecto a los hombres de esas edades. Por otra parte, una mejor inserción laboral, que tradicionalmente se logra al haber alcanzado un mayor nivel educativo, no se materializa de manera igualitaria para hombres y mujeres. Aun cuando las mujeres alcanzan niveles de educación mayores, al insertarse en el mercado laboral muchas veces lo hacen en puestos subordinados a los hombres, con limitaciones para realizar las actividades para las que estudiaron, realizando actividades administrativas o de mantenimiento, o recibiendo menores ingresos que los hombres por el mismo trabajo (CEPAL, 2018a).
5. LA AUTONOMÍA FÍSICA
En el caso de la AUTONOMÍA FÍSICA de las mujeres, desafíos importantes son la falta de garantía de sus derechos sexuales y reproductivos, así como de su derecho a una vida libre de violencia. Esto se refleja en aspectos como la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, la mayor responsabilidad económica de las mujeres sobre la reproducción, las elevadas tasas de embarazo en niñas y adolescentes, la maternidad forzada y la violencia sexual (CEPAL, 2016c).
En el ámbito de salud sexual y reproductiva, las decisiones de las mujeres sobre su propio cuerpo, incluido si desean embarazarse, el número de hijos que desean tener y la edad en la que desean ser madres, está restringido en parte por la falta de acceso a métodos anticonceptivos.
El embarazo en la adolescencia es un problema que persiste en la región, pese a que la fecundidad de las mujeres en general tiende a la baja. Estos niveles de prevalencia tienen su explicación tanto en barreras al acceso a métodos de anticoncepción como en dificultades para enfrentar las relaciones de poder en la pareja (CEPAL, 2016c), así como en el abuso y la violencia sexual y en ocasiones la falta de conocimiento o información oportuna.
Este fenómeno tiende a agudizarse en la población de adolescentes con menores ingresos, menor nivel educativo y en mujeres indígenas.
Según estudios de la CEPAL, en las últimas décadas, en línea con los países de la región, la Argentina experimentó un descenso sostenido en sus tasas de fecundidad. La tasa global de fecundidad (TGF)24, que considera la estructura por edades de la población de cada territorio, se redujo de 3,3 hijos/as por mujer en 1980 a 1,8 en 2019. Esta baja estaría vinculada tanto a cambios relativos de los roles de género como a las posibilidades efectivas de ejercer un control a través de la anticoncepción (Cerrutti y Binstock, 2022). Si bien todas las jurisdicciones registran un descenso de su TGF respecto de 2010, aún persisten importantes diferencias territoriales. Los valores más altos de la TGF en 2019 corresponden a las provincias del norte del país, con un promedio de 2,2 hijos/as por mujer, seguidas por las provincias del sur (dos hijos por mujer) y del centro (1,9 por mujer).
La posibilidad de ejercer efectivamente los derechos reproductivos se refleja también en la capacidad de las adolescentes de decidir sobre su salud sexual y reproductiva. En la Argentina, desde 2014 se ha producido un lento pero ininterrumpido descenso de la tasa de fecundidad adolescente25, que pasó de 33,7 nacidas/os vivos a 20,9 en 2019. Si bien esta misma dinámica se observó en todo el
país, las diferencias en los niveles de fecundidad adolescentes iniciales y la dinámica de descenso fue diferente según las distintas regiones, por lo que aún se advierten marcadas heterogeneidades
territoriales. La tasa de fecundidad adolescente es, en promedio, el doble en la región Norte que en la región Sur, y presenta una mayor variabilidad entre provincias (véase el gráfico 1).
Tasas de fecundidad adolescente, 2005-2019
(Nacimientos cada 1.000 mujeres adolescentes)
Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación (www.deis.msal.gov.ar/ index.php/
estadísticas-vitales).
La tasa de mortalidad por factores relacionados con complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio es una de las primeras causas de muerte de las mujeres en edad reproductiva. En la Argentina, desde 1990 la tasa de mortalidad materna (TMM) oscila entre las 3,5 y 5,5 defunciones maternas por cada 10.000 nacidas/os vivos, con una leve tendencia descendente que en 2017 alcanzó su menor valor histórico.
A pesar de las mejoras en la mortalidad materna, subsisten en el país grandes diferencias territoriales en el acceso a los derechos reproductivos en relación con el acceso a una atención de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto. Esto configura una situación manifiesta de injusticia y desigualdad, dado que se trata de muertes prevenibles. Identificar y corregir cualquier barrera de tipo cultural, económico o geográfico en el acceso a servicios de salud de buena calidad, podría reducir sustancialmente el número de defunciones maternas.
5.1. Violencia contra las mujeres
¿Qué es la violencia de género?
Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca.
Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal.
Además, con relación a la violencia contra las mujeres, se presentan algunas manifestaciones que existen en la región como el acoso sexual; la trata y tráfico de mujeres; la violencia obstétrica, doméstica, económica, psicológica, la que padecen mujeres privadas de la libertad, la lesbofóbica y la transfóbica, entre otras y el feminicidio. El feminicidio es la expresión más extrema de violencia contra las mujeres.
Para ampliar ésta temática te dejamos una guía de violencia de género como material complementario.
5.2. LA AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES
LA AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES
La tercera dimensión de autonomía se refiere a la TOMA DE DECISIONES e implica el derecho de acceder a cargos de representación popular en las estructuras de los partidos políticos, en cargos directivos del sector público y privado, y en organizaciones ciudadanas y académicas.
En la región se observan importantes avances en términos de igualdad de género. El incremento de la participación de las mujeres en cargos públicos ha sido el resultado de la puesta en marcha de políticas orientadas a impulsar la participación política de las mujeres. La mayor parte de las iniciativas emprendidas consisten en marcos normativos que reconocen y aplican el principio de paridad de género y mecanismos de cuotas para las elecciones políticas.
A pesar de la aprobación de leyes de paridad y cuotas en las contiendas electorales y en la composición de los partidos políticos en varios de los países de América Latina en años recientes, aún no se ha logrado el 50% de representación de mujeres en los tres poderes del Estado. El promedio regional de mujeres en los tres poderes ronda, en el mejor de los casos, el 30%.
La participación política de las mujeres es heterogénea, no solamente entre los países de la región, sino también entre distintos grupos de mujeres en cada país. Los bajos niveles de representación de las mujeres afrodescendientes, indígenas o jóvenes muestran que son grupos mayoritariamente excluidos y, por lo tanto, sus experiencias, intereses y necesidades quedan fuera de la agenda política o son abordados de forma marginal y con una asignación de recursos insuficiente.
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7. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA