5. Ciudadanía
Ciudadanía, una obra en permanente construcción
Si se analiza el desarrollo histórico de la ciudadanía, es posible llegar a la conclusión de que la ciudadanía es un vínculo que:
une a las personas entre sí y con el Estado;
necesita un mínimo grado de democracia.
Este vínculo, generalmente no se trata de algo armonioso, sino más bien conflictivo. Esto se debe a que la ciudadanía está inmersa en relaciones de poder y en luchas por acceder no solo a nuevos derechos sino también por definir las prioridades sociales, los grupos que detentan el poder y el papel del Estado en un contexto histórico específico.
Se pueden distinguir distintas formas y grados del ejercicio de la ciudadanía, en general es posible hablar de dos grandes grupos:
Ciudadanía asistida o de baja intensidad
La ciudadanía asistida o de baja intensidad, coincide con sociedades fragmentadas, integradas por individuos y pequeños grupos con intereses particulares y que registran baja cohesión social. Por diversos motivos (el desprestigio del Estado, la hegemonía del pensamiento liberal, por ejemplo) el espacio público y el bien común se encuentran desvalorizados, e incluso se asocian a valores negativos como la inseguridad y la corrupción. En este esquema la ciudadanía es:
concebida esencialmente como de naturaleza civil: priman las libertades negativas y la desmovilización social; y la participación en la vida pública se restringe a la resolución de problemas específicos.
el individuo se impone al ciudadano, el espacio privado al público.
La ciudadanía política se reduce a un plano formal: el derecho al voto adquiere la forma de un mecanismo para delegar poder y no como vía de representación y de control sustentada en la soberanía popular.
Se concibe un Estado mínimo, con una injerencia en el plano social limitada a políticas de contención o asistencia de los grupos más desfavorecidos.
En sociedades con elevados índices de pobreza y de desigualdad, los sectores excluidos son titulares de una ciudadanía asistida por el Estado a partir de políticas públicas sociales que buscan cubrir las necesidades más básicas : programas alimentarios o de subsidios para los jefes de hogar, etc. Para que estos programas resulten efectivos y reviertan la situación de exclusión deben estar insertos en una política estatal mucho más compleja y de más largo plazo que ataque las causas de la exclusión. Si esto no ocurre, es probable que se genere una relación de dependencia entre los más pobres y el Estado, que incentiva la formación de círculos clientelares: para seguir recibiendo los beneficios sociales, las personas apoyan a las organizaciones y a los líderes políticos que los entregan.
Ciudadanía emancipada o de alta intensidad
Por otro lado, existe ciudadanía emancipada o de alta intensidad, cuando lo que predomina es la geosfera pública, la preocupación por lo común, por el interés del conjunto, sin negar a los individuos. El logro de esta modalidad de ciudadanía requiere tres características:
la pertenencia a una comunidad política, en la idea de un “nosotros” sirve para conectar los intereses particulares y dar sentido a los proyectos individuales;
La real igualdad de posibilidades para acceder a bienes sociales y económicos necesarios para una vida digna y emancipada;
la posibilidad concreta de contribuir a la vida pública de la comunidad a través de la participación.
Este modelo se basa en reconocer que los ciudadanos tienen capacidad de acción a partir de su participación en la vida comunitaria y del respeto de sus derechos y obligaciones. Una ciudadanía emancipada es necesariamente una ciudadanía sustantiva ya que la participación en el ámbito público junto a otros se refleja en el goce de todos los derechos. Por su parte, el Estado, es el promotor y garante principal de una sociedad socialmente inclusiva que asegure la igualdad de oportunidades para acceder a los bienes sociales, culturales y económicos que contribuyan al desarrollo humano. Estas condiciones permiten la autonomía de los sujetos para ejercer su participación y su capacidad de crítica, libre de imposiciones ya sea del Estado o del mercado.
Formas de exigir el ejercicio de los derechos
Una ciudadanía emancipada implica la participación de los ciudadanos tanto para la defensa como para la conquista de nuevos derechos. Las personas son titulares de derechos reconocidos por las diferentes leyes y el Estado es el responsable de cumplir con las obligaciones que surjan de dichas normas.
Los medios de exigibilidad y realización efectiva de los derechos pueden diferenciarse en dos grupos:
Mecanismos y herramientas jurídico institucionales, que apuntan a los recursos de carácter judicial contemplados por la Constitución Nacional y en las demás leyes para exigir el libre ejercicio de los derechos a través de demandas ante la Justicia y de recursos administrativos ante los órganos correspondientes (denuncias, reclamos, etc.). Aquí el Derecho opera como fuente de legalidad y legitimidad, ya que las conquistas de la ciudadanía se plasman en leyes que luego actúan de salvaguarda para garantizar su cumplimiento y defenderlo. Este tipo de ciudadanía se relaciona con la ciudadanía normativa, con el estatus legal de la ciudadanía.
Mecanismos políticos-sociales, que la ciudadanía puede accionar ante el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones. El objetivo es canalizar denuncias, reclamos y exigencias ante autoridades y proponer acciones de protección de derechos. Esta categoría comprende las diferentes formas de participación política en espacios y medios públicos: marchas y manifestaciones, huelgas de los trabajadores, difusión de información a través de medios de comunicación, conformación de asociaciones de diversa índole y participación en organismos no gubernamentales. Se destacan por ser de carácter colectivo y remiten a una ciudadanía sustantiva, en la que no basta la realización de actos de resistencia aislados sino que es vital la capacidad colectiva para hacerse presente en el espacio público.