Ñemboja digital Módulo 3 - Semana 9

Los Estados son responsables de que los derechos se cumplan, a través del Poder Judicial. Este compromiso está en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. El Estado, tiene la obligación de recibir las denuncias de violaciones de derechos humanos, de investigaciones y de reparar daños. Existen procedimientos para reclamar cuando no se respetan los derechos como el “Habeas Corpus” y el recurso de “Amparo”. En 1994, también se creó la Defensoría del Pueblo de la Nación, que recibe denuncias sobre violaciones de derechos humanos.

Pero ¿qué ocurre si el Estado no atiende las denuncias? Entonces es posible acudir a organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia (o Tribunal de la Haya), de la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la OEA (Organización de los Estados Americanos), entre otros. Estos organismos investigan, publican informes y dictan fallos que son de cumplimiento obligatorio para el Estado denunciado.

Ante el incumplimiento de las normas y deberes por parte del Estado, los ciudadanos pueden recurrir a organismos internacionales y someter sus pretensiones al análisis de los mismos, siempre que el reclamo se funde en la violación a los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad, a la salud, etc.

A continuación, exponemos como ejemplo un caso en el que el Estado argentino fue juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Caso Brítez Arce: El Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional

En el marco del caso "Brítez Arce y otros vs. Argentina", la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a la República Argentina por la violación a la vida, a la integridad y a la salud en perjuicio de Cristina Brítez Arce.

En Junio de 1992, Cristina Brítez Arce (38) acudió con más de 40 semanas de embarazo a la Maternidad Sardá, aduciendo varias molestias relacionadas con su estado. En ese momento, fue internada y recibió el diagnóstico de feto muerto. En consecuencia, se decidió inducir el parto. Brítez Arce falleció unas horas después.

El caso "Brítez Arce y otros vs. Argentina" llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2001 y fue elevado a la Corte Interamericana en 2021. El 16 de Noviembre de 2022, el Tribunal declaró responsable a la República Argentina por la violación de los derechos a la vida, a la integridad y a la salud en perjuicio de Brítez Arce. También, consideró que se habían violado los derechos a la integridad personal, en perjuicio de sus hijos menores de edad al momento de los hechos.

En su sentencia, la Corte encontró que Brítez Arce no obtuvo el tratamiento médico que requería en función de su embarazo y sus factores de riesgo, ni contó con información completa sobre las posibles alternativas de tratamiento y sus implicaciones. Por el contrario, atravesó una situación de violencia obstétrica en circunstancias que la expusieron a un riesgo que desencadeno su muerte.

Por otra parte, el Tribunal consideró positivo "el reconocimiento total de su responsabilidad hecho por el Estado", el cual contribuyó al desarrollo del proceso y "a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas".

En los últimos 20 años, la República Argentina adoptó distintas políticas públicas orientadas a implementar un sólido marco que protege el derecho de las personas gestantes y sus hijos e hijas a gozar del más alto nivel posible de salud, en especial, en relación con la atención antes, durante y después del parto, procurando así la no repetición de los hechos ocurridos en el caso Brítez Arce.

El texto completo del fallo pueden encontrarlo en el material complementario, el mismo describe el procedimiento que se siguió hasta lograr la sentencia de la CIDH.