1. INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

1.1. OBJETIVOS DE LA INTERVENCION DEL ESTADO

El Estado, en la economía, podría intervenir en tres grandes aspectos: propiciar la estabilidad y el crecimiento económico; procurar la equidad mejorando la distribución de la renta; fomentar la eficiencia económica
Para propiciar la estabilidad y el crecimiento económico, el Estado debería procurar evitar los ciclos depresivos de la economía mediante la correcta utilización de la política monetaria, fiscal y regulatoria. Tratar de suavizar las fluctuaciones cíclicas es la base de una economía estable. Después vendría luchar por el crecimiento económico de forma sostenida en el tiempo. Ambos están relacionados porque si no se logran suavizar las caídas bruscas de la economía, difícilmente se puede lograr un crecimiento sostenible en el tiempo.
Mejorar la distribución de la renta para conseguir la equidad. La distribución de la renta es una de las funciones fundamentales del Estado. A través de políticas de impuestos y gastos y de la regulación, el Estado debería distribuir la renta para dedicar recursos a los colectivos más necesitados. El objetivo último es conseguir el estado del bienestar y aquí el Estado tiene una responsabilidad importante. El estado del bienestar se basa en ofrecer a los ciudadanos unos servicios mínimos en materias clave: educación, sanidad, salario mínimo, pensiones, cobertura de desempleo, etc. El estado del bienestar en origen se creó para combatir la pobreza a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Algunos economistas señalan que las ayudas creadas para fomentar el estado del bienestar han limitado los incentivos para trabajar. ¿Es una situación sostenible en el tiempo? Desde luego, el debate está abierto y cada vez tiene más intensidad. Lo que es evidente es que no se pueden sostener niveles de déficit públicos estructurales y deudas públicas tan significativas, por tanto, hay que actualizar y mejorar las políticas pensando en las actuales y futuras generaciones.
En cuanto al fomento de la eficiencia económica, el Estado debería contribuir a la asignación socialmente deseable de los recursos. Esto es, debería luchar para limitar el poder de mercado de empresas cercanas al monopolio u oligopolio, luchar contra la contaminación, proveer bienes públicos y suministrar información a los consumidores para que estos tomen decisiones bien documentados.