Ñemboja digital Módulo 2 - Semana 4

Otro problema social importante en América latina es el acceso a la vivienda de las clases sociales medias y bajas, debido a que millones de personas (aproximadamente el 40% del total de la población) no pueden acceder a una vivienda propia.

El derecho humano a una vivienda digna y adecuada consiste en el derecho a que tienen todas las personas a vivir en condiciones de seguridad, paz y dignidad en alguna parte. No debe interpretarse restrictivamente equiparándolo con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un techo, sino que deben incluirse diversos aspectos tales como la habitabilidad, la disponibilidad de servicios e infraestructura, la seguridad jurídica en la tenencia, gastos de vivienda soportables, entre otros.

El derecho a una vivienda adecuada no exige que el Estado construya viviendas para toda la población. Pero sí comprende las medidas necesarias para prevenir la falta de un techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos más vulnerables y marginados, asegurar la seguridad de tenencia para todos/as, poder aspirar a una propiedad, y garantizar que la vivienda de todas las personas sea adecuada. Estas medidas incluyen la intervención del gobierno en distintos planos: legislativo, administrativo, de políticas o de prioridades de gastos.

En determinados casos, sin embargo, el Estado deba proporcionar asistencia directa, incluida la vivienda o prestaciones para la vivienda, especialmente a las personas afectadas por desastres naturales o causados por el hombre y a los grupos más vulnerables de la sociedad.

El derecho a una vivienda adecuada exige no solo que la estructura de la casa debe ser adecuada. Debe haber también un acceso sostenible y no discriminatorio a los servicios fundamentales en materia de salud, seguridad, comodidad y alimentación. Por ejemplo, debe existir el acceso al agua potable, a la energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de lavado, a los medios de almacenar alimentos y de eliminar desechos, al desagüe de los terrenos y a los servicios de emergencia.

Ante esta problemática, los gobiernos de la región trabajan en la elaboración de planes de construcción de viviendas para las clases populares: en los últimos años, países como Chile, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina, Ecuador, Panamá y México, por medio de sus Ministerios de Vivienda, Urbanismo e infraestructura han invertido miles de millones de dólares para construir casas para la población de bajos recursos.