5.   LA AUTONOMÍA FÍSICA

 

 

En el caso de la AUTONOMÍA FÍSICA de las mujeres, desafíos importantes son la falta de garantía de sus derechos sexuales y reproductivos, así como de su derecho a una vida libre de violencia. Esto se refleja en aspectos como la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, la mayor responsabilidad económica de las mujeres sobre la reproducción, las elevadas tasas de embarazo en niñas y adolescentes, la maternidad forzada y la violencia sexual (CEPAL, 2016c).

 

En el ámbito de salud sexual y reproductiva, las decisiones de las mujeres sobre su propio cuerpo, incluido si desean embarazarse, el número de hijos que desean tener y la edad en la que desean ser madres, está restringido en parte por la falta de acceso a métodos anticonceptivos.

El embarazo en la adolescencia es un problema que persiste en la región, pese a que la fecundidad de las mujeres en general tiende a la baja. Estos niveles de prevalencia tienen su explicación tanto en barreras al acceso a métodos de anticoncepción como en dificultades para enfrentar las relaciones de poder en la pareja (CEPAL, 2016c), así como en el abuso y la violencia sexual y en ocasiones la falta de conocimiento o información oportuna.

 

Este fenómeno tiende a agudizarse en la población de adolescentes con menores ingresos, menor nivel educativo y en mujeres indígenas.

 

Según estudios de la CEPAL, en las últimas décadas, en línea con los países de la región, la Argentina experimentó un descenso sostenido en sus tasas de fecundidad. La tasa global de fecundidad (TGF)24, que considera la estructura por edades de la población de cada territorio, se redujo de 3,3 hijos/as por mujer en 1980 a 1,8 en 2019. Esta baja estaría vinculada tanto a cambios relativos de los roles de género como a las posibilidades efectivas de ejercer un control a través de la anticoncepción (Cerrutti y Binstock, 2022). Si bien todas las jurisdicciones registran un descenso de su TGF respecto de 2010, aún persisten importantes diferencias territoriales. Los valores más altos de la TGF en 2019 corresponden a las provincias del norte del país, con un promedio de 2,2 hijos/as por mujer, seguidas por las provincias del sur (dos hijos por mujer) y del centro (1,9 por mujer).

La posibilidad de ejercer efectivamente los derechos reproductivos se refleja también en la capacidad de las adolescentes de decidir sobre su salud sexual y reproductiva. En la Argentina, desde 2014 se ha producido un lento pero ininterrumpido descenso de la tasa de fecundidad adolescente25, que pasó de 33,7 nacidas/os vivos a 20,9 en 2019. Si bien esta misma dinámica se observó en todo el

país, las diferencias en los niveles de fecundidad adolescentes iniciales y la dinámica de descenso fue diferente según las distintas regiones, por lo que aún se advierten marcadas heterogeneidades

territoriales. La tasa de fecundidad adolescente es, en promedio, el doble en la región Norte que en la región Sur, y presenta una mayor variabilidad entre provincias (véase el gráfico 1).

Tasas de fecundidad adolescente, 2005-2019
(Nacimientos cada 1.000 mujeres adolescentes)
Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación (www.deis.msal.gov.ar/ index.php/
estadísticas-vitales).

 

La tasa de mortalidad por factores relacionados con complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio es una de las primeras causas de muerte de las mujeres en edad reproductiva. En la Argentina, desde 1990 la tasa de mortalidad materna (TMM) oscila entre las 3,5 y 5,5 defunciones maternas por cada 10.000 nacidas/os vivos, con una leve tendencia descendente que en 2017 alcanzó su menor valor histórico.

 

A pesar de las mejoras en la mortalidad materna, subsisten en el país grandes diferencias territoriales en el acceso a los derechos reproductivos en relación con el acceso a una atención de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto. Esto configura una situación manifiesta de injusticia y desigualdad, dado que se trata de muertes prevenibles. Identificar y corregir cualquier barrera de tipo cultural, económico o geográfico en el acceso a servicios de salud de buena calidad, podría reducir sustancialmente el número de defunciones maternas.