En el proceso de
formación del Estado, que comenzó en 1810, se evidenció gran diversidad de
ideas políticas, traducidas en propuestas también distintas sobre la manera de
organizar la nueva convivencia. Todas ellas coincidían en considerar
imprescindible la creación de normas jurídicas (reglamentos, leyes,
constituciones); sin embargo, el problema siempre consistió en decidir el
contenido de esas normas. Había que
decidir qué forma política se iba a adoptar (Junta, Triunvirato) cómo se iba a
“dar forma” a ese Estado Nacional que se estaba conformando, luego de haber
logrado la independencia de España. Esta necesidad de organización trajo muchas
luchas internas por el poder. Se disputaban dos posturas, un sistema
centralista o un sistema federal. Finalmente, en 1853, con la sanción de la
Constitución Nacional se logró un consenso, aunque no se logró la aprobación de
Buenos Aires, la que recién se concretó en 1860.
En ese proceso
de organización, el 25 de septiembre de 1869, durante la presidencia de Domingo
Faustino Sarmiento, se sancionó el Código Civil de la Nación, cuya autoría
correspondió a Dalmacio Vélez Sarsfield, pero entró en vigencia el 1º de enero
de 1871. Al respecto, el
presidente Sarmiento insistió al cuerpo de Diputados de la Nación que aprobaran
este texto y otorgaran un “voto de confianza”, dado que consideró que entre
ellos no se encontraban juristas con el conocimiento como para evaluar una obra
de esta naturaleza que además era central para el funcionamiento del país, y
finalmente esto fue lo que sucedió. A lo largo de la
historia, el Código Civil fue modificado en diversas oportunidades en los
siglos XIX y XX, y finalmente en el año 2014 se sancionó la ley 26.994 que
derogó el Código Civil de Vélez Sársfield y estableció la vigencia del actual
Código Civil y Comercial de la Nación, que comenzó a regir el 1° de agosto de
2015. Los miembros de
cada congreso constituyente, aún en el caso en que sean elegidos por las
Provincias, representan en definitiva a personas físicas, al pueblo que las constituye,
a la gente. Las decisiones que toman, como cualquier órgano legislativo
(creador de normas jurídicas), afectan directamente a los seres humanos
(personas físicas) que, a partir de esas decisiones, deberán ajustar sus
conductas a las normas creadas. Para profundizar
el análisis histórico de esta etapa de organización nacional te invitamos a ver
el siguiente video: